Tras el cierre del INAI, cuáles son los cambios en materia de transparencia y acceso a la información en México
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El 20 de diciembre de 2024 entró en vigor la reforma constitucional que eliminó el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Datos Personales (INAI), junto con otros organismos autónomos. La iniciativa, promovida por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, argumentaba que estos órganos carecían de legitimidad democrática y favorecían intereses privados. Con su aprobación, la tutela del derecho de acceso a la información pública y la política de transparencia pasaron a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro. La reforma fue aprobada por mayoría calificada en ambas Cámaras del Congreso y avalada por 17 congresos estatales.
¿Qué función cumplía el INAI?
Hasta su eliminación, el INAI garantizaba dos derechos fundamentales: el acceso a la información pública y la protección de datos personales. Para asegurar su independencia, contaba con autarquía funcional y financiera. Sus siete comisionados eran designados por el Senado con una mayoría de dos tercios.
Además, en materia de AIP, el INAI establecía políticas de transparencia, promovía la digitalización de la información pública, resolvía recursos de revisión, aplicaba sanciones y brindaba asistencia técnica.
¿Qué cambia a partir de ahora?
La tutela del acceso a la información pública y la protección de datos personales quedarán bajo la responsabilidad de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno (SABG). Como parte de la transición, se establecerán mesas de trabajo para definir la administración de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), que actualmente aloja 14 millones de registros.
Entre los principales cambios, se creará el órgano Transparencia para el Pueblo, encargado del acceso a la información, mientras que la protección de datos personales será asumida por la SABG. Además, se establecerán 18 nuevas autoridades federales de transparencia con alcance en los tres poderes del Estado y los sindicatos. El número de comisionados se reducirá de siete a uno, y a nivel municipal, los gobiernos locales recibirán apoyo del Ejecutivo para el cumplimiento de las disposiciones de transparencia.
La SABG absorberá el 80% de las funciones del INAI con solo el 35% de su estructura. Asimismo, la PNT contará con respaldo legal y un validador criptográfico para garantizar la integridad de los datos. Los juicios de amparo en materia de acceso a la información serán resueltos por jueces especializados, y se creará el Sistema Nacional de Transparencia para coordinar las acciones entre los distintos niveles de gobierno.
En el ámbito normativo, se deroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública para dar lugar a una nueva Ley de Transparencia. También se introducirán modificaciones en las leyes de protección de datos personales y en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
¿Cuál es el rol de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno?
La SABG, creada en noviembre de 2024 en reemplazo de la Secretaría de la Función Pública, es responsable de la política de transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales. Entre sus funciones destacan:
– Formular normativas para el acceso a la información y protección de datos personales.
– Promover la transparencia proactiva.
– Supervisar políticas de gobierno digital.
¿Quién es Raquel Buenrostro?
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Economista y matemática, Buenrostro asumió el cargo el 1º de octubre de 2024, designada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Ha ocupado diversos cargos en la administración pública, incluyendo la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, la Dirección del Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía.