Según el ILTL, la legislatura de Córdoba, lidera en transparencia parlamentaria en América Latina
Los resultados de la segunda medición del ILTL le asignan al poder legislativo de esa provincia una puntuación de 66.79% en políticas de transparencia y participación ciudadana.
Córdoba, mayo 2023 – Desde Fundación Directorio Legislativo presentamos la segunda medición del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa (ILTL) de la Legislatura de la provincia de Córdoba, Argentina. Se trata de una herramienta que mide políticas de transparencia y participación ciudadana de poderes legislativos, y que este año le asignó a la legislatura cordobesa un puntaje de 66.79% como resultado final de la evaluación, ubicándola en el primer lugar de América Latina.
El Índice ILTL es una herramienta promovida por la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, que reúne a 31 organizaciones de la sociedad civil de 15 países de la región, y es coordinada desde este año por la Fundación Directorio Legislativo.
“Este índice lo desarrollamos junto a otras organizaciones de América Latina y medimos a distintos Congresos de la región. En todas las dimensiones que se hacen desde el índice existe un progreso muy grande de la Legislatura de Córdoba”, comentó Noel Alonso Murray, directora ejecutiva de la Fundación, durante la presentación de la medición. Y agregó: “Fue fundamental la reforma del reglamento interno y la co-creación de un plan de Parlamento Abierto, ya que son dos herramientas básicas y fundamentales para poder lograr los objetivos planteados”.
La Legislatura de Córdoba fue la primera medición local realizada en Argentina y los datos recopilados incluyen el análisis de cuatro dimensiones: Normatividad, que da cuenta de la existencia de leyes o reglamentos en materia de transparencia y participación, obtuvo un 73.34%; Labor de La Legislatura, que refiere a la existencia de prácticas efectivas de transparencia en el desarrollo del trabajo de la Función Legislativa, alcanzó un 63.89%; Presupuesto y Gestión Presupuestaria, que se enfoca en el grado de transparencia en el uso de los recursos públicos asignados para la labor del Congreso, obtuvo un 49.04%; y Participación Ciudadana, que revela la existencia de políticas que faciliten el acceso e intervención ciudadana en los diferentes procesos legislativos, tuvo un 78.77%.
Entre los hitos que deben destacarse de estos resultados se encuentra, en primer lugar, la modificación del Reglamento Interno de la Legislatura, que pese a implicar un enorme esfuerzo administrativo y también político, brinda un marco normativo a las políticas de transparencia, garantizando su continuidad en el tiempo. En segundo lugar, otro hecho transformador que resulta sobresaliente es, sin dudas, la elaboración del primer “Plan de Parlamento Abierto”, cuyo proceso de co-creación tuvo un destacable trabajo colaborativo con la sociedad civil, algo poco habitual para un poder legislativo subnacional. Contar con un plan estratégico de Parlamento Abierto implica poder institucionalizar los compromisos concretos orientados a promover la transparencia, aumentar la participación ciudadana, luchar contra la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para robustecer la gobernanza democrática y la calidad de los servicios públicos.
Por ello, es fundamental continuar propiciando este tipo de experiencias para que los demás órganos legislativos subnacionales conozcan los mecanismos de apertura legislativa a nivel nacional y puedan, a su vez, compartir con ellas las buenas prácticas que surjan del seno local, para seguir fortaleciendo la institucionalidad democrática en el país.
Acerca del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa: El Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa es una herramienta para comparar cómo avanzan en materia de transparencia los parlamentos de la región. Fue creado por la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, conformada por organizaciones de la sociedad civil pertenecientes a 15 países de Latinoamérica, entre ellas, la Fundación Directorio Legislativo. Su finalidad es medir objetivamente la existencia y efectividad de las políticas de transparencia y participación ciudadana en los poderes legislativos de la región.