Latinoamerica¿Qué está pasando en América Latina y el Caribe?
Te presentamos un resumen del último número de Civic Space Guardian (CSG), nuestro monitor regional de derechos cívicos.
En las últimas semanas se profundizó la crisis de gobernabilidad en la región andina. El presidente ecuatoriano volvió a declarar el estado de emergencia luego de jornadas de intensas protestas, pero tuvo que poner fin a la medida al cabo de una semana. Mientras en las calles crecía el número de muertos y heridos, la Asamblea aprobaba una ley para regular el uso de la fuerza pública.
En Perú, el Congreso adverso al oficialismo aprobó por insistencia una ley que podría facilitar la formación de grupos paramilitares.
Las libertades de reunión, expresión y asociación siguen limitadas (o directamente suspendidas) en El Salvador, mientras que desde el oficialismo sugieren que van a prorrogar el estado de emergencia tantas veces como sea necesario.
En Honduras, avanza la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIH) que empezaría a funcionar hacia finales de este año, si todo marcha según lo planeado. El Congreso aprueba una reforma a la ley de transparencia y acceso a la información pública, un paso promisorio pero que todavía debe verse en la práctica.
También en Brasil, se introdujeron cambios a la Ley de Acceso a la Información Pública. Sin embargo, Jair Bolsonaro vetó algunos, entre ellos un artículo que garantizaba la publicidad de la información de los convenios entre la administración pública y las organizaciones civiles.
En este contexto convulsionado, tuvo lugar una nueva edición de la Cumbre de las Américas. Desde Los Ángeles, Daniela Gilardoni, responsable de proyectos de DL, analiza la experiencia y sugiere oportunidades de mejora.
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Sobre Civic Space Guardian:
CSG es una herramienta diseñada por DL para monitorear regulaciones y proyectos de ley con impacto en la libertad de expresión, de reunión, de asociación, el acceso a la información pública, el derecho a la privacidad y la participación ciudadana en asuntos públicos. El monitoreo se realiza en 18 países de América Latina y el Caribe.