ParaguayEspacio Cívico en Paraguay: organizaciones exigen el veto total de la ley de control a las OSFL
El Congreso de Paraguay sancionó el pasado 9 de octubre un proyecto de ley “Que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”, con las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados, a instancias del Poder Ejecutivo. Organizaciones de la sociedad civil del país y de la región le piden al presidente Santiago Peña el veto total.
Tras la sanción en el Senado, la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa (RLTL) señaló que la ley incluye una definición arbitraria de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL), excluyendo a varias organizaciones y comprometiendo los controles para prevenir irregularidades. También criticó el control desproporcionado sobre aquellas que reciben fondos privados y las sanciones excesivas que incluyen el cierre de organizaciones y la inhabilitación de sus directivos. Estas medidas, advierten, impactarán negativamente en la sociedad civil y en su labor de defensa de los derechos ciudadanos y la transparencia.
Desde finales de 2023, Civic Space Guardian y la RLTL advirtieron sobre el retroceso del espacio cívico en Paraguay. Diversos proyectos restrictivos, como la reforma de la ley de administración financiera del Estado y la creación de un nuevo registro para las organizaciones no gubernamentales fueron señales de alerta para el funcionamiento de las OSC. Ante el preocupante panorama que deja la aprobación de esta nueva ley, diversas organizaciones a nivel mundial están reclamando que sea vetada.
El camino de la ley
En julio de este año el Senado paraguayo aprobó, en sesión extraordinaria y con modificaciones, un proyecto de ley orientado a establecer un régimen de control, transparencia y rendición de cuentas para las OSFL que reciban o administren fondos públicos. La iniciativa, impulsada por legisladores del Partido Colorado, como el presidente del Senado Basilio Núñez, fue criticada por diversas OSFL y por Relatoras Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Entre otras cuestiones, señalaban que vulneraba derechos fundamentales como la privacidad y la libertad de asociación; centralizaba la administración de recursos en el Ministerio de Economía, afectando la autonomía de las OSFL; e imponía sanciones desproporcionadas y requisitos de información que complicaban el acceso al financiamiento.
A finales de septiembre, el Poder Ejecutivo presentó modificaciones al proyecto, precisando los sujetos obligados, garantizando la libre asociación y reduciendo las sanciones. El diputado oficialista Hugo Meza destacó que esas enmiendas buscan aclarar qué instituciones privadas están sujetas a control, excluyendo a organismos internacionales, partidos políticos, iglesias y sindicatos, además de eliminar las multas desmesuradas.
Así, el proyecto resultante establece un régimen de control y transparencia para las OSFL que administren fondos públicos, creando un Registro Nacional obligatorio, con plazos de inscripción de 90 días para las organizaciones existentes y 30 días para las nuevas. También obliga a las OSFL a presentar informes semestrales y publicar sus gastos bajo la supervisión de varios organismos, incluyendo el Ministerio de Economía y la Contraloría General.
Ahora, se espera la decisión del presidente Santiago Peña, quien podría vetarla o darle curso a la promulgación.
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