ArgentinaEn una jornada histórica, el Congreso argentino sesionó por primera vez de manera virtual
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Enfrentar esta crisis es tarea de todo el Estado, incluido el Congreso de la Nación. La pandemia del COVID-19 exige decisiones rápidas diseñadas para contener los riesgos del virus y limitar sus repercusiones económicas y sociales. Sin embargo, durante las primeras semanas de la pandemia, Diputados y el Senado sólo mantuvieron algunas reuniones de comisión con funcionarios del Ejecutivo sin tener demasiado claro cuál era su papel en este contexto. Con el paso de las semanas, quedó en evidencia la necesidad de que el Poder Legislativo tome un rol más activo para mantener la institucionalidad que lo inviste y cumplir con el deber que le otorgó la ciudadanía.
Tras un proceso intenso de negociaciones y acuerdos políticos, ambas cámaras inauguraron las sesiones virtuales de manera exitosa. La sesión del Senado fue televisada y el protocolo fue respetado en su totalidad. Experimentaron un problema técnico durante el encuentro, que se suspendió durante diez minutos. Sin embargo, todos los senadores pudieron volver a conectarse correctamente y las votaciones se llevaron a cabo sin inconvenientes.
Diputados también siguió su protocolo y mantuvo una sesión ordenada. Sin embargo, al comienzo del encuentro todavía no estaban publicadas oficialmente las órdenes del día que iban a tratarse en la sesión.
¿Cómo llegó el Congreso a las sesiones remotas?
Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, fue quien primero decidió crear un sistema virtual que incluyera identificación por datos biométricos, acreditación de la identidad y capacidad de voto. Luego, la presidenta del Senado, Cristina Fernández, también avanzó con un método similar.
En contextos de crisis los consensos son indispensables para resguardar la seguridad institucional. Una situación como la que se desarrolla actualmente demanda trascender las tensiones políticas normales y lograr un cuerpo cohesionado que responda efectivamente a las necesidades e incertidumbres ciudadanas.
El camino recorrido para sesionar de forma virtual fue laborioso. La presidenta del Senado pidió que la Corte Suprema se pronuncie sobre la constitucionalidad de votar por teleconferencia. La solicitud fue rechazada por considerarse un tema de exclusiva incumbencia del Congreso. Ante esta respuesta, Cristina Fernández alcanzó un rápido acuerdo con los senadores. En el caso de Diputados, la oposición cuestionó desde un comienzo la nueva modalidad y logró acordar sesiones mixtas, con jefes de bloque y autoridades presentes.
Saldadas las diferencias, se aprobaron los protocolos de sesiones remotas. En Diputados dos de las tres reuniones de comisión encargadas de dictaminar la iniciativa no fueron televisadas. En el mismo sentido, en el Senado las resoluciones fueron firmadas a puertas cerradas por la presidencia y los jefes de interbloques. En ambos casos, los documentos no fueron publicados en las páginas oficiales.
Una vez acordada la modalidad y aprobados los protocolos, se efectuaron pruebas de los sistemas de teleconferencia. El Senado no experimentó inconvenientes y fijó fecha y temario para su primera sesión remota. En cambio, la primera prueba pública de Diputados tuvo algunas fallas del sistema que derivaron en nuevos simulacros virtuales a puertas cerradas. Esta situación generó que la fecha de la primera sesión fuera confirmada con tan solo un día de antelación y el temario fuera publicado oficialmente pocas horas antes de sesionar.
En paralelo, se instalaron pantallas en ambos recintos, lo que provocó especulaciones debido la falta de información y registros oficiales. Como ha sucedido en otras oportunidades, la falta de una publicación proactiva de información – como la publicidad en las compras y contrataciones – y la ineficiente comunicación temprana del Congreso de la Nación sobre las decisiones que se toman, afectan la legitimidad de su labor y el control que la ciudadanía debe ejercer en estos contextos de emergencia.
Es obligación de cada institución garantizar los estándares internacionales de transparencia y acceso a la información pública en su funcionamiento. Televisar cada una de sus reuniones de comisión y sesiones, así como disponibilizar sus dictámenes, temarios, registros de asistencia e información financiera y presupuestaria legitima su trabajo y permite a la ciudadanía depositar su confianza en la respuesta frente a la crisis.
Necesitamos un Congreso en pleno funcionamiento
Mientras que el protocolo de Diputados habilita el tratamiento de cualquier tema – esté o no relacionado con el COVID19 -, el del Senado restringe el debate a cuestiones atravesadas exclusivamente por la pandemia. Esto genera incertidumbre respecto de posibles trabas en el tratamiento de futuros proyectos de ley importantes. En estas primeras sesiones, los temarios fueron sin duda acotados. Diputados dio media sanción a dos iniciativas que asisten al personal de salud mientras que el Senado trató un paquete de veinte DNUs y ningún proyecto de ley. En gran medida, los legisladores utilizaron la oportunidad para expresarse sobre el accionar del Poder Ejecutivo en los últimos 2 meses.
Creemos que el debate de la forma no debe invisibilizar el debate del contenido. Sin duda, insertar su trabajo en una modalidad virtual representa un desafío para el Congreso de la Nación, pero eso no debe tapar las discusiones sobre el contenido de los proyectos que se trabajen en las comisiones y en las sesiones.
Por último, es necesario mencionar que esta crisis puso de relevancia la necesidad de modernización del Estado en su conjunto y agravó la demanda histórica que tiene el poder público de transparentar los procesos de toma de decisión, garantizar el acceso a la información y mejorar las niveles de apertura en su conjunto. El Congreso de la Nación no estuvo exento y el desafío de repensar su manera de sesionar, de comunicar y de continuar con sus procesos internos de trabajo también responde a deficiencias en los procesos de modernización de su trabajo. Ambas cámaras deben adaptarse al contexto que nos presenta la pandemia, garantizando la transparencia de los procesos y el acceso a la información pública. Mayor transparencia es mejor democracia.