ColombiaRayos X a los conflictos de interés en el Estado de Colombia
Con el objetivo de visibilizar los conflictos de interés en distintos niveles del Estado colombiano, y en alianza con La Silla Vacía (www.lasillavacia.com) para el proyecto Joining the Dots Colombia, DL analizó lo reportado por los gobernadores, diputados de todo el país y cruzó esta información con el sistema de contratación estatal, la información registrada de campañas políticas y el registro único empresarial.
Los resultados muestran la siguiente radiografía de los conflictos de intereses reportados por diputados, alcaldes y gobernadores en el país. (Vea el detalle de las declaraciones de conflictos de interés analizados):
1. Uno de cada tres servidores mantienen ocultos sus conflictos de interés
Aunque por ley, cada servidor público elegido por voto popular debe declarar en qué escenarios privados podrían tener influencia él y su familia, no todos lo han hecho. 463 de 1551 de los elegidos, es decir, el 30 por ciento, aún mantienen oculta la información que podría influenciar sus decisiones, posiciones o sus silencios en el debate público.
Los diputados son los que menos reportan. De los 418 elegidos en 2023, el 66 por ciento no registraron conflictos de interés. Ocho de cada 10 diputados que mantienen oculto el reporte, pertenecen a partidos grandes. Los restantes se eligieron por listas en coaliciones, partidos nuevos o de movimientos por firmas.
Por ejemplo, de los 30 diputados que se eligieron como parte de listas de los políticos con más visibilidad nacional, hay 21 que no aparecen reportando.
Así están repartidos:
– 12 de los 16 diputados avalados por el grupo político del presidente Gustavo Petro, el Pacto Histórico.
– 3 de los 5 diputados que eligió en Antioquia el partido Creemos, del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
– Uno de los dos diputados de Fuerza Ciudadana en Magdalena, movimiento del exgobernador y exprecandidato presidencial, Carlos Caicedo.
– 3 de los 4 diputados en diferentes departamentos de la Fuerza de la Paz, el partido del embajador en Reino Unido, Roy Barreras.
– Uno de los dos diputados en diferentes departamentos de Gente en Movimiento, el partido del exministro Mauricio Lizcano
2. Los políticos contratan a sus financiadores y a la mayoría, por más de lo que les dieron en campaña
El universo de los aportantes de campaña que contratan con el Estado es muy amplio: solo en 2024 hay más de 5 mil contratos de prestación de servicios firmados por personas y empresas que financiaron campañas de alcaldes, diputados y gobernadores en 2023.
En las regiones, financiar políticos paga. En 2023, 498 personas y empresas que financiaron campañas de diputados, alcaldes y gobernadores electos en todo el país recibieron uno o más contratos con los políticos que apoyaron. El 93 por ciento de ellos ya ganaron más plata de la que pusieron. En total, aportantes a las campañas firmaron 891 contratos con entidades manejadas por los políticos que financiaron.
De los 498 financiadores, entre personas naturales y empresas, 466 firmaron contratos por más plata de la que aportaron a campañas solo en el primer año del periodo de los elegidos.
3. Los familiares de servidores públicos que contratan en su propia región
La información disponible también muestra que hay 500 políticos de los que reportaron conflictos, que tienen familiares que contratan con el Estado. De ese total, 60 contrataron directamente en la región donde sus familiares ejercen poder y casi la mitad han firmado más de un contrato.
49 de los 60 son familiares de diputados, que en su mayoría fueron contratados por alcaldías (28), seguido de las corporaciones ambientales de su departamento (8). Solo un diputado tiene a su familiar trabajando como contratista en la Gobernación sobre la que él ejerce control político.
Los diputados tienen margen de maniobra para ejercer influencia burocrática en las entidades públicas donde tienen poder, porque las inhabilidades de contratación están enfocadas en los familiares de quienes son ordenadores del gasto, es decir, gobernadores y alcaldes.
También, hay quienes nunca habían contratado con el Estado y la suerte les sonrió en el primer año de mandato de su familiar en el poder. Según el registro del Secop, 24 de esos 60 familiares no habían sido contratistas antes de 2024.
4. Las donaciones en especie se retribuyen con contratos de prestación de servicios
De los 466 financiadores que recibieron en contratos más de lo que aportaron en campaña, 306 hicieron aportes en especie, es decir, le regalaron su trabajo a la campaña. Así se ve por tipo de donación. En su mayoría, los contratos que ganaron en 2024 los financiadores en especie de 2023, representan más del doble del valor de lo que donaron.
Eso muestra que mucha gente que trabaja “gratis” en una campaña lo hace bajo la promesa de ser retribuido económicamente en el futuro. Cuando el político gana, recompensa ese apoyo con contratos durante los 4 años del periodo.
“Muchas veces se utiliza precisamente el contrato como una forma de pagar ese apoyo político. Y no necesariamente la persona tiene que haber sido financiador para recibir un contrato, sino haber brindado cualquier tipo de ayuda (en campaña)”, explicó Frey Alejandro Muñoz, subdirector de la Misión de Observación Electoral.
Por ejemplo, 27 personas que financiaron la campaña del alcalde de Cartagena Dumek Turbay fueron contratistas de prestación de servicios en su primer año de administración. Otros 8 financiadores del alcalde de Villavicencio Alexander Baquero y otros 7 que le aportaron al alcalde de Pereira Mauricio Salazar.
5. Contratar como prestador de servicios, la forma de esquivar una inhabilidad
Por ley, un financiador que haya aportado a una campaña más del 2 por ciento del tope de gastos quedará inhabilitado para contratar, salvo que sea por prestación de servicios.
Para tener una idea, el tope del 2% en los 891 municipios más pequeños del país es de 2,8 millones, y llega a los 105 millones de pesos para el caso de la Alcaldía de Bogotá.
Se revisaron en detalle los casos en los que el 2 por ciento de tope arranca en 16 millones y va hasta los 105 millones de pesos.
En total, hay 10 financiadores que pasaron el tope y en 2024 ganaron contratos con los alcaldes que ayudaron a elegir. Están en las Alcaldías de Santa Marta, Palmira, Apartadó, Floridablanca, Manaure, Malambó, Sabaneta, Florida, La Dorada y Girardota. Todos lo hicieron por prestación de servicios.