El pasado 30 de junio Directorio Legislativo, con el apoyo del Instituto Nacional Demócrata (NDI), realizó un conversatorio sobre la importancia de abrir las discusiones presupuestarias para que cada vez más actores puedan formar parte de la conversación, partiendo de las experiencias en la materia en Argentina y Colombia. 

Durante el encuentro se abordaron tres claves para mejorar la comprensión pública de las discusiones presupuestarias y fortalecer la profesionalización de la labor parlamentaria: el asesoramiento técnico al Poder Legislativo; el lenguaje sencillo y el trabajo conjunto con la sociedad civil. Participaron como oradores el Diputado Nacional de Argentina Luciano Laspina, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda; Luis Carlos Reyes Hernández, Director y cofundador del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y Natalia Laría, Coordinadora de Relaciones Institucionales y Parlamentarias de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) argentino. 

En el marco del encuentro, la OPC presentó públicamente el Plan de Acción cocreado con la sociedad civil. El Plan, resultado de las jornadas de trabajo #HablemosDelPresupuesto, representa un avance en el fortalecimiento de la articulación con las organizaciones y la planificación de actividades enfocadas en las demandas de la sociedad civil. El documento plantea acciones a implementar en un período de dos años (2021-2022) para promover la capacitación en temas presupuestarios, fortalecer la difusión de la labor de la OPC y mejorar el conocimiento sobre el enfoque de género en los Presupuestos Públicos. 

El Diputado Luciano Laspina resaltó la necesidad de promover un cambio en la cultura presupuestaria para abrir la participación a los distintos actores interesados, entendiendo que la opacidad sostenida en temas de presupuesto por el Ejecutivo a lo largo de los últimos 40 años no tuvo que ver solamente con complejizar la participación de la sociedad civil, sino del propio Poder Legislativo. “Se debería dar paso a un cambio más radical de la cultura presupuestaria que implique que el Congreso de la Nación tenga tal como lo establece la Constitución el poder de modificar el presupuesto y reverlo en una discusión más racional”, dijo. Frente a este desafío, y los antecedentes en la historia argentina, se hace fundamental llevar al Congreso Nacional la discusión costo-beneficio de las políticas públicas. Contar con buenas normativas no es suficiente cuando la falta de presupuesto complejiza la implementación de las propuestas aprobadas en el Congreso. 

Luis Carlos Reyes, del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana de Colombia, explicó que uno de los mayores desafíos que enfrentan los espacios técnicos es el de traducir la información compleja a un lenguaje accesible. Todas las agendas temáticas están atravesadas por decisiones presupuestarias. Por eso, para abrir la discusión es esencial que las OSC, académicos, investigadores y expertos tengan a disposición toda la información técnica y, a su vez, que la ciudadanía no especializada en la materia pueda acceder a información en lenguaje claro para exigir la rendición de cuentas. 

Entre las principales conclusiones del evento se destacó que democratizar la información presupuestaria es una decisión política que permite defender derechos y construir oportunidades. Frente a ese objetivo, el rol de las oficinas técnicas se vuelve fundamental a la hora de brindar a la ciudadanía y a los/as legisladores/as un asesoramiento que responda a los mejores estándares internacionales. Que estas oficinas sean creadas por Ley no sólo garantiza la independencia técnica en su conducción, sino que además promueve la continuidad de sus funciones a lo largo del tiempo. Por eso, la sanción de la Ley 27.343 representa uno de los mayores logros institucionales de la OPC. El desafío, más allá de seguir fortaleciendo el rol de la oficina, es replicar su experiencia tanto a nivel subnacional como regional para superar los obstáculos en el camino hacia la democratización de estas discusiones. No solo es esencial que las oficinas existan, sino que efectivamente se pongan en marcha, como se le demanda al Congreso de Colombia que, si bien creó su oficina de asistencia a través de la Ley N° 1.985, al día de la fecha continúa sin funcionar.

Mirá el Plan de Acción de la OPC y la sociedad civil

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