El 4 de junio, cesaron las tareas de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), tras una serie de denuncias cruzadas y conflictos con el gobierno del presidente Nayib Bukele. Este caso se suma a otros fracasos similares en la región: en el último año y medio, también las comisiones creadas con el mismo propósito en Guatemala y Honduras se vieron afectadas en sus funciones por la decisión unilateral de los gobiernos. 

El primer caso fue el de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (CICIG), que dejó de funcionar en septiembre de 2019 luego de enfrentamientos con el entonces presidente guatemalteco Jimmy Morales. El segundo, fue el cese de actividades por parte de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) en enero de 2020, tras complicaciones en la renovación de su mandato.  ¿Qué sucedió en cada país? ¿Qué puntos en común tienen estas experiencias? ¿Cómo afectan al espacio cívico y qué alternativas está impulsando la sociedad civil? 

 

CICIG, expulsada de Guatemala por orden del Ejecutivo 

La CICIG nació a raíz de un acuerdo firmado por el entonces presidente de Guatemala, Oscar Berger, con la ONU en 2006. Su fin era colaborar en la investigación y persecución penal de los “Cuerpos Ilegales de Seguridad y Aparatos Clandestinos de Seguridad”. Se buscaba determinar si cometieron acciones ilegales que atentaban contra los derechos civiles y políticos, si estuvieron vinculados directa o indirectamente con agentes del Estado, o si contaban con capacidad para eludir responsabilidades por sus acciones ilícitas.

Como balance de su gestión, varios casos de corrupción fueron llevados ante la justicia, involucrando a ex presidentes y ex vicepresidentes como Alfonso Portillo, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. Esto llegó a su fin durante la presidencia de Jimmy Morales. Las denuncias de corrupción en contra del mandatario – que incluían un pedido de desafuero-, su hermano y su hijo, llevaron a Morales a activar una campaña en contra de la Comisión, buscando su expulsión del país. Finalmente, Morales no firmó la renovación de su mandato y la CICIG cesó sus funciones.

 

MACCIH, el Congreso de Honduras pone fin a su tarea

La MACCIH surgió en 2016 como resultado de un convenio firmado entre el gobierno de Honduras, en cabeza de su presidente Juan Orlando Hernández, con la OEA. Sus objetivos eran claros: apoyar y colaborar activamente con las instituciones del Estado para prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción. Las negociaciones no fueron fáciles y estuvieron acompañadas por acciones de incidencia del gobierno del entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Hernández se mostraba reticente a darle demasiado poder al organismo, abogando porque tuviera facultades únicamente de asesoramiento técnico.

Durante sus pocos años de existencia, los principales problemas de la Misión tuvieron que ver con la escasez de recursos y la fuerte interferencia por parte del Estado hondureño que, por ejemplo, no permitió la colaboración continua entre la MACCIH y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corruption (UFECIC). Tras una serie de casos de corrupción emblemáticos, como el de la red Pandora de malversación de fondos públicos que salpicó al presidente Hernández y a su esposa, en diciembre de 2019 el Congreso votó a favor de recomendar la interrupción del trabajo de la MACCIH alegando un exceso en sus atribuciones y una violación a la Constitución. En enero, se confirmó que las negociaciones entre el Estado hondureño y la OEA no habían sido productivas y, consecuentemente, no se había llegado a un acuerdo para la renovación del mandato del cuerpo anticorrupción.

 

La CICIES, el abandono de una bandera de campaña en apenas dos años

El camino transitado por la CICIES presenta muchas similitudes con el caso hondureño. Utilizado como bandera de campaña del entonces candidato presidencial Nayib Bukele, la CICIES se presentaba como un instrumento de lucha contra la corrupción de las élites políticas que habían gobernado el país durante las tres décadas anteriores. 

Tras ganar los comicios con un fuerte apoyo popular, Bukele cumplió su promesa y firmó un acuerdo con la OEA en septiembre de 2019. Sin embargo, sus atribuciones para accionar antes casos de corrupción estuvieron desde el principio más limitadas que en los dos casos anteriores. 

Esta problemática fue visibilizada por la propia CICIES y por organizaciones de la sociedad civil a principios de 2021, cuando plantearon la necesidad de otorgar mayores recursos y capacidades a la Comisión para lograr mayor efectividad en su trabajo. Fue en ese punto que se evidenciaron los límites del compromiso político del gobierno. 

Con la consolidación del oficialismo tras las elecciones legislativas de febrero, los jueces de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General fueron destituidos y la CICIES, reevaluada hasta formalizar el cese de su actividad en junio de 2021. Los argumentos del oficialismo giraban en torno a la contratación por parte del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, de un político opositor a Bukele, que a su vez está siendo procesado por un caso de corrupción. Sin embargo, otros factores deben ponerse sobre la mesa para analizar la decisión. Entre ellos, la tensión y conflictividad de la relación entre Bukele y la sociedad civil, las denuncias por corrupción en el marco de la pandemia y las críticas locales e internacionales suscitadas por la destitución expeditiva de los magistrados. 

Diferentes pero parecidos

Con la desaparición de la CICIES, los gobiernos del llamado Triángulo Norte de Centroamérica ponen punto final a un proyecto de lucha contra la corrupción y la impunidad, mientras recrudecen las denuncias internacionales sobre el creciente deterioro del espacio cívico y las instituciones democráticas. 

Más allá de las particularidades de cada caso, es posible trazar similitudes que permitirían identificar un patrón de factores que derivaron en el fracaso de estos mecanismos. Entender los patrones comunes pueden proporcionarnos herramientas para repensar la eficacia de este tipo de organismos y el impacto de su presencia/ausencia para el espacio cívico.

  1. Presiones externas. En los tres casos, las comisiones se crearon a partir de acuerdos con organismos internacionales (ONU, OEA) y la presión de Estados Unidos, quien por geopolítica e intereses domésticos tiene una especial atención en esta región del mundo. Si bien en el caso de El Salvador sí hubo un impulso local del presidente Bukele para el establecimiento de la CICIES, el accionar posterior de la Comisión aunado a una demanda creciente de facultades alteraron el tablero. Estas condiciones políticas que les dieron origen, fueron resignificadas posteriormente para ponerles fin. 
  2. Intereses personales. Aún cuando, en mayor o menor medida, los Poderes Ejecutivos firmaron los acuerdos que permitieron el funcionamiento de estas comisiones, la ecuación cambia en cuanto los responsables políticos, sus familiares o allegados, se ven directamente implicados en las investigaciones. 

Los tres casos analizados revelan, por un lado, que las presiones externas, ya sea desde organismos internacionales u otros países, no suplen la falta de vocación por la transparencia y la buena gestión pública. Lo mismo se pone de manifiesto cuando la agenda anticorrupción no surge de un compromiso nacional y transversal entre los distintos sectores de la política. En un contexto así, como en cualquier otro, se evidencia la necesidad de contar con entidades independientes e institucionalizadas en el Estado, cuya estructura y recursos no dependan de una decisión ejecutiva, para combatir la corrupción de oficialistas y opositores por igual. 

La corrupción y su impacto en el espacio cívico

Los actos de corrupción, y más aún, la corrupción sistémica, minan la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y profundizan la marginalización de los sectores más desfavorecidos. Un espacio cívico abierto permite que actores no estatales (desde organizaciones no gubernamentales hasta empresas y ciudadanos/as) ejerzan un rol de control y monitoreo sobre sus gobernantes y el uso de los recursos públicos. Esto incluye el derecho a la libertad de expresión, asociación, reunión y privacidad. 

No es casual entonces, que veamos aquí que los esquemas de impunidad encuentran un correlato en la clausura gradual del espacio cívico y en la estigmatización de las organizaciones sociales que trabajan por la transparencia,  la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción. Bastan, como muestra, la reforma de la Ley de ONGs en Guatemala o la comisión legislativa de investigación de ONGs en El Salvador.  

La respuesta civil a una falla estatal: el Centro contra la Corrupción y la Impunidad en el Norte de Centroamérica (CCINOC) 

En paralelo a los anuncios que marcaban el fin de la CICIES, 11 organizaciones de la sociedad civil basadas en El Salvador, Guatemala y Honduras anunciaron la creación de la CCINOC “con la intención de consolidar y gestionar esfuerzos ciudadanos para contrarrestar las consecuencias de la corrupción y la impunidad en la región”. 

Este Centro se presenta como una alternativa de naturaleza civil que busca dar respuesta a los mismos problemas que la CICIG, la MACCIH y la CICIES, pero desde una perspectiva local y de sociedad civil. 

Dada su reciente creación, sería prematuro formular un diagnóstico. Sin embargo, no podemos menos que remarcar la relevancia de esta iniciativa en un contexto de creciente inseguridad para los actores de la sociedad civil. Este proyecto pone de relieve, nuevamente, que la agenda anticorrupción no podrá prosperar si está atada a voluntades políticas volátiles y circunstanciales, y – tampoco – si no termina irrigando una nueva cultura política.

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