Tras varios meses de trabajo de Directorio Legislativo junto a Transparencia por Colombia, Extituto de Política Abierta y otras organizaciones de la sociedad civil local en la Iniciativa 3de3, el pasado 30 de diciembre, Colombia dio un paso adelante en el cumplimiento de los principios de transparencia e integridad: la promulgación de la Ley Nº 2013 de 2019.

La nueva norma establece la publicación de la declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y de la declaración del impuesto sobre la renta. Se instituye, además, como requisito para tomar posesión, ejercer y retirarse del cargo público. Hasta entonces esta información no era de carácter público -se podía acceder sólo a través de la presentación de pedidos de información (derechos de petición)– y tampoco era presentada por todos los funcionarios. A partir de esta reforma, la obligación de hacerlas públicas rige para todos ellos, así como para quienes llevan adelante contrataciones públicas o ejecutan bienes o recursos del Estado.

Desde Directorio Legislativo, celebramos la sanción de esta Ley, ya que constituye un instrumento de prevención de irregularidades, enriquecimiento ilícito o conflictos de interés. Sin embargo, es necesario que los candidatos a cargos electivos también estén obligados a presentar sus declaraciones juradas, para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto de manera informada. 

En este sentido el caso argentino constituye una buena práctica en la región ya que en el año 2013 se reformó la Ley de Ética Pública y se hizo extensiva la obligación de presentar y publicar la declaración jurada para los candidatos que superaran las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). No obstante, en las elecciones 2019, sólo el 61,4% de los candidatos cumplió con la normativa, razón por la cual sigue siendo central el monitoreo de las organizaciones y el control ciudadano.

Además de constituir un avance en materia de transparencia y prevención de la corrupción, la nueva ley de Colombia es el resultado del arduo trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que buscan fortalecer la agenda de integridad y trabajan en proyectos como éste hace años.

Como antecedente, cabe destacar la Iniciativa 3de3, un proyecto impulsado por Directorio Legislativo junto con un consorcio de organizaciones locales de la sociedad civil que incluyó a Extituto de Política Abierta, Transparencia por Colombia, Dejusticia, Ocasa, El Avispero, Datasketch, El Derecho a No Obedecer y Otraparte. El objetivo es reconstruir la confianza ciudadana en sus gobernantes a través de la publicación voluntaria de sus tres declaraciones juramentadas (patrimonial, de intereses y de renta), como muestra de su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.

3de3 Colombia inició su ejercicio exigiendo la publicación de las declaraciones juramentadas a los candidatos a la Alcaldía de las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín. Se creó una petición en Change.org para que los ciudadanos realicen una solicitud online a los candidatos, que alcanzó más de 27 mil firmas. Luego, se desarrolló una plataforma de visualización y comparación del patrimonio de los candidatos que voluntariamente presentaron sus declaraciones.

La promulgación de la nueva Ley colombiana emerge en un contexto en que la ciudadanía ha aunado esfuerzos para combatir la corrupción y ser escuchada. En 2018 se llevó a cabo la Consulta Popular Anticorrupción que, a pesar de no haber alcanzado el umbral para su aprobación, obtuvo más de 11,5 millones de votos y fue una herramienta de referencia para el paquete legislativo que, más tarde, presentó el Gobierno colombiano. Asimismo, en 2019, como resultado de la movilización social, uno de los temas fundamentales de la agenda de la Conversación Nacional, propuesta por el Presidente de la República, ha sido la transparencia y la lucha contra la corrupción, eje en el cual se enmarcan muchas demandas de las organizaciones.

Desde Directorio Legislativo continuamos trabajando por la construcción de Estados libres de corrupción y celebramos la aprobación de medidas transversales para combatirla y sancionarla. El acceso a la información patrimonial y de intereses permite ejercer de manera informada no sólo el derecho al voto, sino también distintos mecanismos de la democracia participativa como el control social y la exigencia de la rendición de cuentas.