Desde Directorio Legislativo expresamos nuestra preocupación en torno al proyecto de Ley denominado «Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de Emergencia Pública», que está siendo debatido actualmente en el Congreso argentino. Podemos resumir nuestra inquietud en tres cuestiones fundamentales: la pregunta en torno a si la delegación de facultades es la mejor herramienta para enfrentar la crisis, la celeridad con la que se está dando el debate, y la incertidumbre sobre el control que ejercerá el Congreso sobre las decisiones que tome el Poder Ejecutivo en el marco de las facultades delegadas.   

Las crisis (económicas, políticas, sociales) son una constante en la historia argentina. Y el pedido de facultades delegadas por parte del Ejecutivo al Congreso, ha sido una herramienta a la que los distintos gobiernos han acudido para enfrentarlas. Sin embargo, la historia evidencia que este tipo de facultades encierran siempre el riesgo que un Poder del Estado avasalle a otro. Es por este motivo, cualquier pedido de poderes extraordinarios por parte del Ejecutivo al Congreso, nos pone estado de alerta, y nos llevan a preguntarnos si es el mejor instrumento para enfrentar la crisis. 

Un aspecto preocupante es la extrema celeridad con el que se está debatiendo este proyecto, que declara la emergencia en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Esto significa que la iniciativa modifica una amplísima cantidad de normativas. Para abarcar dicha amplitud, se requiere un debate profundo, detallado, y específico para cada una de las emergencias que el proyecto propone declarar. Por tal motivo, vemos con preocupación que una ley tan amplia, sea debatida, y sancionada, en menos de una semana (cabe mencionar que en los últimos ocho años, de 800 leyes sancionadas, solo tuvimos tres antecedentes de proyectos sancionados en menos de una semana). En esa línea, pedimos a nuestros legisladores que se den el tiempo necesario para debatir el articulado y construir los consensos políticos necesarios entre los bloques políticos del oficialismo y de la oposición. 

Otra preocupación respecto a este proyecto radica en la capacidad que el Congreso (u otras instituciones del Estado) tendrá para ejercer un efectivo control sobre las facultades que le sean delegadas al Poder Ejecutivo. Por tal motivo, exigimos que el Gobierno se comprometa a respetar el texto de la norma que el Congreso apruebe, a evitar extralimitaciones en el mandato dado por el Poder Legislativo y a respetar los plazos que en cada caso, los legisladores le den para ejercer estas facultades. Del mismo modo, exigimos que el Congreso se comprometa controlar al Poder Ejecutivo, mediante el funcionamiento activo, permanente y efectivo de las comisiones y órganos en su órbita creados para ejercer esa función de control. 

Nuestra historia está repleta de ejemplos de fallas en materia de control de un Poder sobre el otro: Comisiones Bicamerales de control que no se constituyen, o que si lo hacen, no sesionan; decretos de necesidad y urgencia que, además de carecer de fundamentos sobre esa necesidad y esa urgencia, no completan el trámite de control por parte del Congreso; pedidos de facultades extraordinarias para enfrentar situaciones de emergencia, que terminan convirtiéndose en permanentes; trámites parlamentarios acotados en el tiempo que a todas luces, evidencian la carencia de un debate pormenorizado; entre otros. 

En resumidas cuentas, estamos convencidos de que las decisiones de políticas públicas, para ser realmente inclusivas, deben ser siempre tomadas en el marco de las instituciones de nuestra democracia, que incluyen entre otras cuestiones, el respeto por la división de poderes, el debate amplio y democrático y la garantía del funcionamiento de los mecanismos de control entre un poder y otro.