El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y representantes de la oposición liderados por el secretario general de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), Jesús “Chúo” Torrealba, iniciaron el pasado domingo 30 de octubre un proceso de diálogo que tiene como objetivo superar la crisis política y económica que azota al país.

El encuentro fue convocado por el Papa Francisco y la Unasur, que designó al grupo de mediación integrado por Rodríguez Zapatero y los expresidentes de Panamá Martín Torrijos y de República Dominicana Leonel Fernández. Se sumó a la mediación Emil Paul Tscherrig en representación del Vaticano, cumpliendo así una de las exigencias de la oposición.

La MUD está dividida frente al diálogo. El domingo confirmó que uno de sus principales partidos, Voluntad Popular, fundado por el encarcelado Leopoldo López, se marginaba del proceso porque cree que «no están dadas las condiciones», al igual que otras 15 quince agrupaciones de la coalición.

La delegación del Gobierno está conformada por la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, el alcalde del municipio Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez, el diputado Elías Javua y el exembajador de Venezuela en la Organización de Estados Americanos Roy Chaderton.

La primera reunión de diálogo formal entre el gobierno venezolano y la oposición concluyó en la madrugada de este lunes 31 de octubre, con la decisión de crear de inmediato cuatro mesas de trabajo sobre el respeto a la soberanía, la reparación de víctimas, el cronograma electoral y la situación económica del país.

Asimismo, quedó establecido el próximo 11 de noviembre para un nuevo encuentro de la mesa general de diálogo.

Resultados del encuentro

Tras las deliberaciones por casi seis horas de discusión, acordaron establecer un compromiso conjunto para el mantenimiento de la paz y el entendimiento entre los venezolanos, mejorar las condiciones de abastecimiento de alimentos y medicinas, y revisar la situación de personas privadas de libertad. 

Antecedentes

En los últimos meses, la crisis de Venezuela recrudeció cuando el Tribunal anuló en cinco estados la validez de firmas recolectadas para el referendo, lo que derivó en la suspensión inmediata de la consulta. En ese marco,  la Asamblea acordó el 23 de octubre pasado iniciar un juicio político a Maduro para determinar su “responsabilidad” en la suspensión del referendo y lo citaron el próximo 1 de noviembre al Parlamento para ofrecer sus descargos. Maduro ya afirmó que no se presentará ante la oposición. Solo aceptará un diálogo con el Parlamento si es en privado, sin cámaras de televisión.

Referendo, suspendido

Para el 26 de octubre, se había previsto la recogida del 20% de las firmas del electorado para activar el revocatorio contra el presidente, pero esta fue suspendida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) el jueves 20 de octubre. La justicia venezolana anuló en cinco estados del país la validez de las firmas recolectadas en abril por la MUD. Esta primera fase del proceso era un requisito indispensable para dar curso a la revocatoria del mandato del presidente Nicolás Maduro.

Las cinco medidas cautelares de distintos Tribunales del país, fallaron a favor de 8.600 acciones legales – aproximadamente – que el oficalismo interpuso en contra de la recolección del 1% de las firmas, aduciendo que la MUD había incluido rúbricas de fallecidos, menores de edad y convictos.

En un comunicado el Consejo Nacional Electoral (CNE) justificó que el incumplimiento del 1% del padrón electoral, en al menos una de las 24 circunscripciones invalidaría el proceso.

Un escenario difuso

La oposición ya anunció que no cederá y continuará en la Toma de Venezuela, con el juicio político al Presidente, y la marcha hasta Miraflores el 3 de noviembre; además de la continuación de las protestas para impedir que el diálogo se torne en “una estrategia para ganar tiempo”.

Si bien se inició un diálogo para negociar una salida a la crisis, la realidad es que la oposición quiere a Maduro fuera de la presidencia, por lo que se pone en duda el éxito de las reuniones promovidas por el Papa.

Venezuela enfrenta una crisis interna, endógena, que se reproduce, destruyéndose a sí misma, echando por tierra un proyecto de gobierno popular que se mantiene en el poder desde 1999. Aquel modelo que en su momento empatizó con la mayoría del pueblo venezolano, hoy se enfrenta en las antípodas de entre aquellos que sostienen el régimen de Maduro y aquellos que buscan su destitución.

Durante los años de Hugo Chávez, quien gobernó desde  1999 hasta el 2013, se implementaron reformas económicas, sociales y políticas que llevaron a Venezuela a ocupar los primeros lugares en desarrollo humano en América Latina. Sin embargo, tras su muerte y el ascenso de Maduro al poder, hubo varios factores que hicieron posible un declive económico y social: en 2014 sobrevino la crisis petrolera, que redujo los precios de exportación del petróleo –principal bastión de su economía-; el dólar se fortaleció en el mercado cambiario internacional, mientras que en los países vecinos surgían gobiernos de derecha que, poco a poco, cercaban al país bolivariano económica y comercialmente.

En ese sentido, esta crisis interna tiene también un engranaje exógeno, como lo es alineamiento de la oposición MUD a la política neoliberal de países del primer mundo y a los gobiernos de derecha  (que caracterizan la nueva etapa de América Latina) y que pujan  por ser “los salvadores” de Venezuela.

De todos modos, si bien la oposición afirmó que no claudicará en buscar la salida de Maduro del poder, en la realidad, ese objetivo es difuso: la MUD no controla al Poder Judicial ni al vicepresidente del país. Tampoco a las fuerzas armadas. El referendo también parece lejano, ya que la MUD debería juntar nuevamente el 1% de firmas en los cinco estados impugnados.

Por otra parte, las probabilidades de que el juicio avance son pocas dado que el Tribunal Supremo de Justicia (en manos del chavismo) es quien deberá avalar la decisión final de la Asamblea. Este mismo órgano declaró en julio pasado en desacato al Parlamento y las últimas leyes aprobadas por el Legislativo las declaró inconstitucionales.

Además, aun cuando cuente con un apoyo externo, la oposición venezolana deberá primero construir condiciones de gobernabilidad en el país que, hasta el momento, convive con contextos de oposición y lucha.