Directorio legislativo es una institución que promueve desde hace años la transparencia, la existencia de procesos claros y formales y la rendición de cuentas en el Poder Legislativo. Bajo este contexto, el pasado domingo 25 de marzo anunciamos mediante un informe especial la cantidad de dinero en efectivo que los diputados tienen permitido canjear por los pasajes que no utilizan mensualmente. Esto sin una norma que los obligue a declarar en qué gastan esos ingresos.

En este contexto entendemos que la discusión pública que se está dando hoy en torno al tema necesita de algunas aclaraciones.

Los pasajes son una herramienta fundamental para que los legisladores cumplan con sus tareas de representación. Sin embargo, el proceso bajo el cual se utilizan los mismos debe ser formal y transparente. Solicitar ese dinero para otros gastos, así como también el mal uso de los propios pasajes, atenta contra su objetivo último. El mecanismo tal cual existe hoy habilita todo tipo de abusos a fondos públicos: genera sobresueldos; reproduce prácticas clientelares de la clase política argentina; destina dinero del estado a campañas políticas y da lugar a otro tipo de actividades fraudulentas que hay que frenar. El problema no es la existencia de los pasajes, el problema es cuando ese dinero público que debería estar destinado para fines representativos y puramente parlamentarios, se convierte en una caja negra.

Estamos frente a una oportunidad histórica para cambiar prácticas que ponen en duda la legitimidad de las instituciones de gobierno. Si no la aprovechamos probablemente continuemos sin transparencia y con una mala utilización fondos públicos.

Frente a la posibilidad de que las autoridades de la Cámara modifiquen este funcionamiento llamamos a todos los bloques políticos para construir un sistema formal, transparente y adaptable a las tareas de representación que cada diputado ejerce.

El cambio en el sistema debe asegurar la equidad entre los legisladores, la transparencia del proceso y la eficiencia en manejo de los recursos publicos que administra cada una de las Cámaras. Lo que no podemos permitir es que ese dinero que no se usa y que es del Estado, termine en el bolsillo del legislador sin rendición de cuentas alguna.