Nuestro país fue precursor en la sanción de una ley de cupo femenino que, 25 años después, se transformó en un techo de concreto para las mujeres. Durante 2016 mucho se debatió acerca de la paridad en los cargos de representación política, a tal punto que cada una de las Cámaras del Congreso Nacional aprobaron sendos proyectos con cláusulas de paridad. Sin embargo, finalizado el período de sesiones ordinarias, la paridad sigue siendo una deuda pendiente.

Argentina fue el primer país del mundo en sancionar una ley de cuotas de género en 1991. En 2015, a casi 25 años de la adopción de aquella medida, las elecciones legislativas pusieron de manifiesto que la igualdad real en la participación política de las mujeres sigue siendo un objetivo lejano, ya que representan menos del 40% de los cargos en el Congreso de la Nación. Así, lo que hace casi 2 décadas se concibió como una herramienta para terminar con la subrepresentación de las mujeres en política ha mostrado ser insuficiente. Lo que se pensó como un piso, se transformó en un techo.

A lo largo de 2016 la preocupación por lograr una representación equitativa entre mujeres y varones se fue instalando en la agenda pública tanto a nivel nacional como provincial, aunque con resultados dispares. Contrariamente a lo que sucedió con la experiencia de la ley de cupo, en la que primero se aprobó la ley a nivel nacional para luego dar paso a las legislaciones provinciales, en el caso de la paridad el proceso está siendo el inverso. Así, el principio paritario se convirtió en un hecho en la provincia de Buenos Aires, Salta y Chubut, sumándose de este modo a las experiencias pioneras de Córdoba (2000), Santiago del Estero (2000) y Río Negro (2002).

A nivel nacional la situación es paradójica. El día 19 de octubre (en coincidencia con el Paro Nacional de Mujeres y la movilización convocada como respuesta al femicidio de Lucía Pérez) obtuvieron media sanción dos proyectos que buscan alcanzar la paridad, uno aprobado en la Cámara de Diputados y otro en el Senado.

En la Cámara baja se aprobó el proyecto sobre reforma electoral presentado en el mes de junio por el Poder Ejecutivo. Aunque inicialmente no estaba contemplada, un conjunto de diputadas de todos los bloques logró incorporar un artículo vinculado con la paridad de género en las listas electorales, asegurando un 50% de mujeres y un 50% de varones de manera alternada y secuencial. En este proceso, además de la acción transversal de mujeres procedentes de diferentes partidos políticos, fue importante el papel desempeñado por la sociedad civil. ELA y Amnistía Internacional Argentina, junto con más de 70 organizaciones de la sociedad civil y personas referentes de diversos ámbitos, pusieron en marcha la campaña #MujeresalaPolítica, difundiendo argumentos e información a favor de la paridad.

Por su parte, en el Senado obtuvo media sanción un proyecto para promover la paridad tanto en la conformación de las listas legislativas nacionales como en las autoridades de los partidos políticos. El texto del proyecto fija la obligatoriedad de intercalar candidatos de ambos sexos en las listas de legisladores nacionales e introduce la igualdad de género a nivel partidario, que deben incluir un 50% de representantes de cada sexo.

Sin embargo el logro de la paridad a nivel nacional, que hasta hace dos meses parecía el destino inevitable, fue perdiendo fuerza. A menos que el Senado considere durante el período extraordinario de sesiones el proyecto de reforma electoral que tuvo media sanción de Diputados, la sanción definitiva de alguna de esas leyes deberá esperar.

La pregunta entonces es si la paridad es o no una prioridad de la agenda política.

Las organizaciones y referentes que impulsamos la campaña #MujeresalaPolítica consideramos que para avanzar en el camino hacia la igualdad real en la participación política resulta imperioso que el principio de paridad deje de estar en el ámbito discursivo y se convierta en una realidad para contribuir a una democracia más sólida, más inclusiva e igualitaria.

 

Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)
Amnístia Internacional Argentina
Fundación Mujeres en Igualdad (MEI)
Fundación para Estudio e Investgación de la Mujer (FEIM)
Comisión Argentina para los Refugiados (CAREF)
Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá)
Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES)
Directorio Legislativo
Asociación Civil de Derechos Humanos Mujeres Unidas Mi grandes y Refugiadas en Argentina (AMUMRA)
Red Nacional Alto al Tráfico y la Trata (RATT)
Crisálida biblioteca popular de género y diversidad sexual – Tucumán
Fundación Rumbos de Integración y Desarrollo regional
Mujeres Trabajando
Centro de la Mujer (CEDEM) – San Fernando, Buenos Aires.
Parlamento de las Mujeres.
Fundación Friedrich Ebert
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo
Asociación de Abogados de Buenos Aires
Mumalá Mendoza
Red de Profesionales con Perspectiva de Género de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNCuyo
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM Argentina).
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

 

Diana Maffía – IIEGE UBA
Dra Graciela Rosso.
María Elena Barbagelata. Abogada
Noor Jimenez Abraham. Comunicadora.
Viviana Della Siega – Vicepresidenta Insgenar (Instituto de Género, Derecho y Desarrollo)
Cristina Lobaiza.
María Luisa Femenías (UNLP)
María Inés Tula. UBA / CONICET
Maria Luisa Storani. Parlamentaria del Mercosur
María Elena Naddeo – Directora del Centro de Atención de Niñez, Adolescencia, Género y Diversidad de la Defensoría del Pueblo de la CABA.
Alejandra Inés Massolo. Consultora en equidad de género y gobiernos locales
Virginia Franganillo. Socióloga.
Gabriela Figueroa. Directora LRA 6 Radio Nacional Mendoza.
Gisela Grunin. Comunicadora.

 

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