Los Poderes Legislativos son el órgano democrático por excelencia, dado que es donde se encuentran los representantes del pueblo, electos por el voto directo. Allí se debate toda legislación que luego regirá a la vida cotidiana de los habitantes de cada país; y, en este sentido, resulta crucial que sean instituciones transparentes, que rindan cuentas y fomenten y habiliten la participación ciudadana en el proceso de formación de leyes.

Si bien no concebido desde sus orígenes, los Parlamentos van ganando cada vez más espacio dentro de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), atentos a la necesidad de sumar a estas instituciones al proceso de apertura y participación en políticas públicas. Primero, a través de la creación del Grupo de Trabajo de Apertura Parlamentaria(LOWG), luego por propia iniciativa de las organizaciones de la sociedad civil y legisladores que impulsaron, de manera sui generis, que cada Congreso realice su plan de acción de la mejor manera posible, hasta que, finalmente, OGP incorporó institucionalmente a los Poderes Legislativos, a través de unos lineamientos específicos para la construcción de planes de acción y sus compromisos.

De este modo, OGP comienza a dar respuesta a los reclamos que desde el LOWG y la comunidad de Parlamento Abierto veníamos reclamando. Se establece así que los planes de acción de los Congresos deben ser presentados junto a los del Ejecutivo, ya sean como compromisos dentro de éstos, o como un anexo aparte. Si esto último sucede, siempre que se haga junto al Ejecutivo y respetando sus plazos, los planes de Parlamento Abierto contarán con la misma revisión independiente y responsabilidades que los del Ejecutivo. Pero también deben respetar los criterios de co-creación que establece OGP (cuyos lineamientos están siendo revisados por estas fechas), siendo indispensable y condición innegociable la participación de las organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos interesados en la construcción de los compromisos.

A lo largo de los años, varios Congresos y Asambleas de América Latina han avanzado en sus propios planes de acción, de modo informal, desordenado, y de acuerdo a contextos y características locales: Chile fue el primer país con contar con un Plan en 2014, éste fue construido por parte de la Comisión Bicameral de Transparencia, sin participación de la sociedad civil. Ésto ya no es aceptable. Por su parte, Costa Rica y México fueron avanzando sistemáticamente hacia alianzas y mecanismos estandarizados y regulares de participación, a través de la creación de “Mesas nacionales” o grupos estables de gestión; aunque sólo Costa Rica luego avanzó hacia unos compromisos aislados de apertura, sin que sea un “Plan de Acción de Parlamento Abierto” puntualmente. El Senado de Paraguay, por su parte, en mayo de 2016 presentó su propio Plan de acción, siendo hasta el momento uno de los mejores casos de la región, dado que el proceso para la construcción de los compromisos fue realmente colaborativo y contó con aportes de diversos sectores.

Otros países, como Colombia y Guatemala por ejemplo, se encuentran avanzando hacia la construcción de sus propios planes, aunque con las dificultades que cada caso presenta y los tiempos políticos que impiden un avance sistemático. Argentina, por su parte, avanzará en 2017 hacia la elaboración de su propio plan, atentos a los nuevos lineamientos, y con la intención de cumplir con los requisitos formales y posterior revisión de los compromisos; aunque en términos generales, poco se hizo durante todo 2016 en materia de apertura parlamentaria.

Si bien esfuerzos aislados, en los últimos 3 años se han evidenciado grandes avances en torno a la apertura parlamentaria. Mientras que antes resultaban reclamos o acciones esporádicas y solitarias por parte de las organizaciones de la sociedad civil de monitoreo parlamentario, y algunos legisladores de partidos minoritarios, en los últimos años se fue dando una presión regional e internacional, que fue contagiando cada vez más a legisladores y funcionarios de los Congresos a avanzar hacia reformas institucionales de apertura y transparencia.

Sin embargo, la gran deuda pendiente de nuestros Parlamentos es la participación ciudadana:  contar con diversos sectores de la sociedad aportando al proceso de formación de leyes, así como organizaciones especializadas en el monitoreo parlamentario, que puedan contribuir a mejores políticas de transparencia. La participación en el proceso legislativo es aún algo incloncluso; si bien algunos congresos han creado mecanismos institucionales para fomentarla, aún resta un gran cambio cultural para que sea una verdadera transformación democrática.

Y en este sentido, los planes de acción que cada Congreso o Asamblea realice, deben ser obligatoriamente construidos con la sociedad civil (entendida en sentido amplio, por organizaciones, universidades, sector privado, ciudadanos de a pie, etc), lo cual habilita un canal institucional para participar y crear políticas públicas junto a los funcionarios de turno. Y esto no debe ser entendido como fachada, sino que debe ser una verdadera política de Estado, que considere a las OSC como parte integrante del diseño de la política pública.

En las próximas semanas se publicarán los resultados de la tercera edición del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa, una medición que evalúa el grado de apertura de los Congresos y Asambleas de la región, y llevado a cabo por la  Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa. Allí se evidencia una media regional de 50%, lo cual demuestra el largo camino que resta por transitar para contar con Poderes Legislativos transparentes y que rindan cuentas. Si bien OGP no es la solución, es una gran puerta de oportunidades para exigir compromisos claros, medibles, asequibles, relevantes y específicos; que contribuyan a una mayor apertura parlamentaria en la región.

Por Agustina De Luca

Por Agustina De Luca

Directora de Transparencia Legislativa y Construcción de Consensos